La deforestación en las regiones amazónicas de Brasil aumentó un 54% en enero de este año, según datos del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon). Es una tendencia al alza que se viene consolidando desde 2015, cuando los satélites gubernamentales registraron un incremento anual del 24%. Desde entonces la curva de la destrucción no ha parado de crecer, lo que representa una inversión de tendencia tras una década esperanzadora. Hasta 2014, el país tropical consiguió reducir este fenómeno en un 80%.
Pero en el llamado pulmón de la tierra no sufre solo la naturaleza. Tanto los indígenas, como los activistas y los funcionarios públicos que actúan en la Amazonía llevan meses alertando sobre un incremento de la presión en muchos puntos del extenso territorio amazónico y contra las poblaciones autóctonas que lo habitan. Después de que Jair Bolsonaro asumió el poder, el 1 de enero, se han multiplicado las invasiones de madereros y ‘grileiros’, los temibles ladrones de tierras, tanto en las reservas indígenas como en los parques nacionales.
Desde la época de la campaña electoral, el nuevo presidente brasileño ha mencionado más de una vez la posibilidad de reducir o explotar las reservas indígenas. Incluso el 8 de abril reveló la existencia de un proyecto para la explotación de la Amazonía junto a los Estados Unidos, fruto de su reciente visita a su homólogo Donald Trump. Envalentonados por el discurso oficial de Bolsonaro, aventureros en busca de fortuna fácil están invadiendo áreas protegidas por ley en la esperanza de una moratoria en un futuro próximo, que permita legalizar la posesión de las tierras ocupadas.
La situación en esta región septentrional es tensa también por otra razón: Brasil es uno de los países donde se registran más asesinatos de ambientalistas del mundo. Según datos de la ONG internacional Global Witness, ocupa incluso el primer puesto de este macabro ranking. Jair Bolsonaro tachó a los activistas de “chiitas” durante su campaña. Además, tanto el presidente como su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, han criticado públicamente el celo de órganos federales que llevan a cabo la fiscalización de estos territorios, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes (ICMBio).
France 24 ha viajado a algunos de los puntos más calientes de la Amazonía brasileña para conocer los detalles de este conflicto. Entre los lugares escogidos está la reserva indígena de los Uru-eu-wau-wau, en el Estado de Rondonia, cuya invasión en enero motivó la primera visita oficial de Franklimberg Ribeiro de Freitas, presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai); Santo Antonio do Matupi, considerado el mayor polo de explotación maderera del sur de la Amazonía; y Humaitá, la ciudad más conflictiva de la Amazonía. Aquí operan de forma ilegal 10.000 ‘garimpeiros’ o buscadores de oro. Humaitá tiene un largo historial de ataques violentos contra las instituciones responsables de preservar la selva y los pueblos indígenas.